This Health Equity Fact Sheet highlights OASH offices and programs that have taken significant steps towards advancing racial equity and provide support for underserve populations.

Finalized policies will continue to ensure the strength and stability of Medicare Advantage and Medicare Part D programs

Secretary Xavier Becerra released the following statement in honor of National Minority Health Month

Cuando estaba en noveno grado, Fiona Lu cayó en una depresión. Tenía problemas para adaptarse a su nueva escuela en Orange County, California, y se sentía tan aislada y agotada que lloraba todas las mañanas.

Lu quería recibir ayuda, pero su plan de Medi-Cal no cubría la terapia a menos que tuviera el permiso de uno de sus padres o tutores.

Su madre, inmigrante china y madre soltera, trabajaba muchas horas para mantener a Fiona, a su hermano y a su abuela. Encontrar tiempo para explicarle a su madre en qué consistía la terapia y por qué la necesitaba le parecía una tarea imposible.

“No me la imaginaba firmando todos esos formularios y luego yendo a terapia conmigo”, dijo Lu, que ahora tiene 18 años y estudia primer año en la UCLA. “En las culturas inmigrantes existe esta idea de que tener problemas de salud mental y recibir tratamiento es un fenómeno de las culturas occidentales”.

En su último año de secundaria, Lu convirtió su experiencia en activismo. Hizo campaña para cambiar la política estatal y permitir que los menores a partir de los 12 años, que viven en hogares de bajos ingresos, reciban consejería de salud mental sin el consentimiento de sus padres.

En octubre del año pasado, el gobernador Gavin Newsom firmó una nueva ley que amplió el acceso a los pacientes jóvenes cubiertos por Medi-Cal, el Medcaid de California.

Los adolescentes con seguro privado han tenido este privilegio en el estado durante más de una década. Sin embargo, los padres de los jóvenes que ya tenían la posibilidad de acceder a la atención por su cuenta fueron los que más se opusieron a la ampliación de esa cobertura de Medi-Cal.

Muchos padres aprovecharon el proyecto de ley para expresar sus quejas sobre el control que, en su opinión, ejerce el Estado sobre sus hijos, especialmente en lo relativo a la identidad de género y la atención de salud.

La primavera pasada, una madre que apareció en Fox News llamó a los terapeutas escolares “adoctrinadores” y dijo que el proyecto de ley les permitía llenar la cabeza de los niños con ideas sobre el “transexualismo” sin que sus padres lo supieran.

Estos argumentos se repitieron en las redes sociales y en las protestas que tuvieron lugar en California y otras partes del país a finales de octubre.

En el Capitolio de California, varios legisladores republicanos votaron en contra del proyecto de ley, AB 665. Uno de ellos fue el miembro de la Asamblea estatal James Gallagher, del condado de Sutter.

“Si mi hijo está sufriendo una crisis de salud mental, quiero saberlo”, declaró Gallagher, durante una sesión sobre el proyecto de ley en la Asamblea, la primavera pasada. “Esta tendencia equivocada, y creo que ilícita, en nuestra política actual que continúa excluyendo a los padres de la ecuación, diciendo que no necesitan ser informados, es un agravio”.

Los sueldos de los legisladores estatales son demasiado altos para que ellos o sus familias puedan tener Medi-Cal. En su lugar, se les ofrece la posibilidad de elegir entre 15 planes comerciales de seguro médico, lo que significa que niños como los de Gallagher ya tienen los privilegios a los que se opuso en su discurso.

A Lu esto le pareció frustrante e hipócrita. Dijo que los opositores que se alineaban en contra del proyecto AB 665, en las audiencias legislativas, eran en su mayoría padres de clase media tratando de apropiarse del tema.

“No es creíble que aboguen contra una política que no les afecta directamente”, afirmó Lu. “No se dan cuenta de que se trata de una política que afectará a cientos de miles de otras familias”.

Los patrocinadores del proyecto AB 665 dijeron que agregaba sentido común a una ley existente. En 2010, los legisladores habían facilitado a los jóvenes el acceso a tratamientos ambulatorios de salud mental y a centros de acogida de emergencia sin el consentimiento de sus padres, al eliminar el requisito de tener que estar en medio de una crisis inminente para tener acceso.

Pero en el último momento, los legisladores eliminaron en 2010 la ampliación de la cobertura de Medi-Cal para los adolescentes por razones de costo. Más de una década después, el proyecto de ley AB 665 pretende acabar con la disparidad entre los seguros públicos y privados e igualar las condiciones.

“Se trata de equidad”, expresó la legisladora estatal Wendy Carrillo, demócrata de Los Angeles y autora del proyecto de ley.

La ley original, que regulaba los planes de seguros privados, fue aprobada con apoyo bipartidista y contó con escasa oposición en la Legislatura, dijo. La ley fue firmada por un gobernador republicano, Arnold Schwarzenegger.

“Desde entonces, los extremos de ambos bandos se han vuelto tan radicales que nos cuesta hablar sobre la necesidad de la salud mental”, añadió.

Después que Carrillo presentara el proyecto de ley el año pasado, su oficina recibió amenazas de muerte. Ella aseguró que el objetivo de la ley no es dividir a las familias, sino fomentar la comunicación entre padres e hijos a través de la consejería.

Más de 20 estados permiten a los jóvenes dar su consentimiento para el tratamiento ambulatorio de salud mental sin el permiso de sus padres, incluyendo Colorado, Ohio, Tennessee y Alabama, según un informe de 2015 realizado por investigadores de la Universidad Rowan.

Para los detractores de la nueva ley, como Erin Friday, una abogada del Área de la Bahía de San Francisco, AB 665 forma parte de una campaña más amplia para quitar derechos a los padres en California, algo a lo que ella se opone independientemente del tipo de seguro médico que tengan los niños.

Friday se considera demócrata de toda la vida. Pero un día descubrió que su hijo adolescente se había declarado transgénero en la escuela y que, durante meses, los profesores se habían referido a él con un nombre y pronombres diferentes, sin que Friday lo supiera. Se dedicó a luchar contra los proyectos de ley que, en su opinión, fomentaban la “ideología transgénero”. Dijo que va a presentar una demanda legal para intentar anular la nueva ley de California antes de que entre en vigencia este verano.

“Estamos dando a los niños una autonomía que nunca deberían tener”, afirmó Friday.

Según la nueva ley, los jóvenes podrán hablar con un terapeuta sobre la identidad de género sin el consentimiento de sus padres. Pero no podrán recibir tratamiento residencial, medicación o cirugía de afirmación de género sin el visto bueno de sus padres, como han sugerido algunos opositores.

Los menores tampoco pueden fugarse de casa o emanciparse al amparo de la ley, como también han sugerido los opositores.

“Esta ley no trata de los centros psiquiátricos de hospitalización. Esta ley no trata de cambiar las leyes de custodia de menores”, explicó Rachel Velcoff Hults, abogada y directora de salud del National Center for Youth Law, que apoyó la AB 665.

“Esta ley trata de garantizar que cuando un joven necesite asesoramiento o un techo temporal para garantizar su propia seguridad y bienestar, queremos asegurarnos de que va a poder contar con una manera de tenerlo”, agregó.

La eliminación del requisito de consentimiento de los padres también podría ampliar el número de médicos de salud mental en California dispuestos a tratar a los jóvenes en Medi-Cal. Sin el consentimiento de los padres, bajo las viejas reglas, Medi-Cal no podía pagar a los médicos por el asesoramiento que ofrecen, ya sea en una práctica privada o en la oficina de un consejero de la escuela.

Esther Lau tuvo problemas de salud mental cuando era estudiante de secundaria en Fremont. A diferencia de Lu, tuvo el apoyo de sus padres, pero no podía encontrar un terapeuta que aceptara Medi-Cal. Al ser la única angloparlante nativa de su familia, tuvo que navegar sola la burocracia del sistema de salud.

Para ella, la AB 665 incentivará a los médicos a aceptar en sus consultas a más jóvenes de familias de bajos ingresos.

“Para la oposición, se trata sólo de tácticas políticas y de promover su agenda”, dijo Lau. “El proyecto de ley fue diseñado para ampliar el acceso a los jóvenes de Medi-Cal, y punto”.

Esta historia forma parte de una alianza que incluye a KQED, NPR, y KFF Health News.

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En enero, Susanne Gilliam, de 67 años, estaba yendo a recoger el correo afuera de su casa cuando se cayó al resbalar sobre una capa de hielo negro.

Sintió una punzada de dolor en la rodilla y el tobillo de la pierna izquierda. Después de llamar a su marido por teléfono, logró regresar a su casa con dificultad.

Y así comenzó el vaivén interminable que tantas personas enfrentan cuando tienen que navegar el desorganizado sistema de salud de Estados Unidos.

El cirujano ortopédico de Gilliam, que la había tratado antes por problemas en la misma rodilla, la vio esa tarde pero le aclaró: “Yo no me ocupo de tobillos”.

La derivó a un especialista en tobillos que ordenó nuevas radiografías y una resonancia magnética. Gilliam pidió hacerse las pruebas en un hospital cerca de su casa en Sudbury, Massachusetts, que le resultaba más conveniente. Pero cuando llamó para pedir una cita, el hospital no tenía la orden del doctor, que finalmente llegó después de varias llamadas más.

Coordinar la atención que necesita para recuperarse, incluyendo sesiones de fisioterapia, se convirtió en un trabajo de medio tiempo para Gilliam. (Los terapeutas trabajan solo en una parte del cuerpo por sesión, y por lo tanto Gilliam requiere visitas separadas para su rodilla y su tobillo, varias veces a la semana).

“El peso de organizar todo lo que necesito es enorme”, dijo Gilliam. “Te queda una sensación de agotamiento físico y mental”.

En algunos casos, las deficiencias del sistema de salud son el precio que se paga por avances extraordinarios en el campo de la medicina. Pero también ponen en evidencia las incoherencias entre las capacidades de los adultos mayores y las demandas del sistema.

“La buena noticia es que sabemos mucho más y podemos hacer mucho más por las personas con distintas afecciones”, dijo Thomas H. Lee, director médico de Press Ganey, una consultoría que hace seguimiento de las experiencias de los pacientes con el sistema de salud. “La mala noticia es que el sistema se ha vuelto tremendamente complejo”.

Esto se agrava por las múltiples guías para tratar afecciones, la super especialización médica, y los incentivos financieros que hacen que los pacientes reciban cada vez más atención, dijo Ishani Ganguli, profesora asociada en la Escuela de Medicina de Harvard.

“No es raro que pacientes mayores tengan tres o más cardiólogos que les programan citas y pruebas regulares”, dijo. Si alguien tiene varios problemas de salud (por ejemplo, enfermedades cardíacas, diabetes y glaucoma), las interacciones con el sistema se multiplican.

Ganguli es la autora de un nuevo estudio que muestra que los pacientes de Medicare dedican aproximadamente tres semanas al año a hacerse pruebas médicas, ver a doctores, someterse a tratamientos o procedimientos médicos, buscar atención en salas de emergencia o pasar tiempo en el hospital o en centros de rehabilitación. (Los datos son de 2019, antes de la pandemia de covid, que alteró   los patrones de atención médica. Cada servicio recibido se contó como un día de contacto con el sistema de salud).

El estudio determinó que poco más de 1 de cada 10 personas mayores, incluyendo las que se estaban haciendo controles o recuperándose de enfermedades graves, pasaban más tiempo recibiendo atención médica: al menos 50 días al año.

“Hay aspectos de esto que son muy beneficiosos y valiosos para las personas, pero hay otros que son menos esenciales”, dijo Ganguli. “No hablamos lo suficiente sobre lo que les pedimos a los adultos mayores que hagan, y si tiene sentido”.

Victor Montori, profesor de medicina de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, lleva muchos años advirtiendo sobre lo que llama la “carga de tratamiento” que enfrentan los pacientes.

Esto incluye el tiempo que dedican a recibir atención médica, programar citas, encontrar transporte para las visitas médicas, obtener y tomar medicamentos, comunicarse con las aseguradoras, pagar facturas médicas, monitorear su salud en casa y seguir consejos como cambios en la dieta.

Hace cuatro años, en un artículo titulado “¿Se siente mi paciente agobiado?”, Montori y sus colegas descubrieron que el 40% de los pacientes con enfermedades crónicas como asma, diabetes y trastornos neurológicos “sentían que su carga de tratamiento era insostenible”.

Cuando la carga de tratamiento es excesiva, las personas dejan de seguir las recomendaciones médicas y dicen que su calidad de vida empeora, según los investigadores. Los adultos mayores con múltiples afecciones médicas y bajo nivel de educación son especialmente vulnerables, ya que experimentan inseguridad económica y aislamiento social.

El uso cada vez más frecuente de sistemas telefónicos digitales y portales electrónicos para pacientes en los consultorios y la falta de tiempo por parte de los doctores profundizan las barreras. “Cada vez es más difícil para los pacientes acceder a doctores que puedan pasar tiempo con ellos, para ayudarlos a resolver problemas y responder sus preguntas”, dijo Montori.

Mientras tanto, los médicos rara vez preguntan a los pacientes sobre su capacidad para realizar las tareas que se les pide. “A menudo tenemos poca idea de qué tan compleja es la vida de nuestros pacientes”, escribieron médicos en un informe de 2022 sobre cómo reducir la carga de tratamiento.

Un ejemplo es lo que vivieron Jean Hartnett, de 53 años de Omaha, Nebraska, y sus ocho hermanos después que su madre de 88 años sufriera un derrame cerebral en febrero de 2021, mientras hacían compras en Walmart.

En ese momento, su madre estaba cuidando al padre de Hartnett, quien sufría de una enfermedad renal y necesitaba ayuda con las tareas diarias, como ducharse o ir al baño.

Durante el año posterior al derrame cerebral, los padres de Hartnett, ambos trabajadores agrícolas extremadamente independientes que vivían en Hubbard, Nebraska, sufrieron varios achaques y las crisis médicas se volvieron comunes.

Cuando un médico cambiaba el plan de atención de su mamá o su papá, eran necesarios nuevos medicamentos, suministros y equipos médicos, y programar nuevas sesiones de terapia ocupacional, física y del habla.

Ninguno de los padres podía quedarse solo si el otro necesitaba atención médica.

“No era inusual para mí estar llevando a uno de mis padres a su casa después del hospital o de la visita al médico y pasar una ambulancia o un familiar transportando al otro al doctor”, explicó Hartnett. “Se necesitaba muchísima coordinación”.

Hartnett se mudó a la casa de sus padres durante las últimas seis semanas de vida de su padre, cuando  los médicos decidieron que estaba demasiado débil como para someterse a diálisis. Falleció en marzo de 2022. Su madre murió meses después, en julio.

Entonces, ¿qué pueden hacer los adultos mayores y sus cuidadores y familiares para aliviar la carga de la atención médica?

Para empezar, es importante sincerarse  con el médico si el plan de tratamiento que recomienda no resulta factible, y explicarle por qué, dijo Elizabeth Rogers, profesora asistente de medicina interna en la Escuela de Medicina de la Universidad de Minnesota.

Recomendó preguntar sobre cuáles intervenciones serían las más importantes para mantenerse saludable y cuáles podrían ser prescindibles.

Los médicos pueden ajustar los planes, suspender los medicamentos que no producen beneficios significativos y programar visitas virtuales, en caso de que las personas puedan manejar la tecnología necesaria (muchos adultos mayores no pueden).

Pregunte también si un asistente de pacientes (también llamados navegadores) puede ayudarle a programar varias citas y exámenes en el mismo día, para minimizar la carga de ir y venir de los centros médicos. Estos profesionales también pueden ayudarlo a conectarse con recursos comunitarios, como servicios de transporte. (La mayoría de los centros médicos tienen personal de este tipo, pero los consultorios médicos no).

Si no entiende cómo hacer lo que su médico pide, pregunte: ¿Qué implicaría esto de mi parte? ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Qué necesitaré? Y pida materiales escritos, como guías de autocontrol del asma o la diabetes, que puedan ayudarle a comprender mejor los requisitos.

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Essex Residential Care, LLC, to pay $100,000 after failing to comply with HIPAA Right of Access

HHS and CMS reiterate and provide clarity regarding hospital requirements for informed consent.

Office for Civil Rights Health Equity Factsheet

Nonprofit hospitals created largely to serve the poor are adding concierge physician practices, charging patients annual membership fees of $2,000 or more for easier access to their doctors.

It’s a trend that began decades ago with physician practices. Thousands of doctors have shifted to the concierge model, in which they can increase their income while decreasing their patient load.

Northwestern Medicine in Chicago, Penn Medicine in Philadelphia, University Hospitals in the Cleveland area, and Baptist Health in Miami are among the large hospital systems offering concierge physician services. The fees, which can exceed $4,000 a year, are in addition to copayments, deductibles, and other charges not paid by patients’ insurance plans.

Critics of concierge medicine say the practice exacerbates primary care shortages, ensuring access only for the affluent, while driving up health care costs. But for tax-exempt hospitals, the financial benefits can be twofold. Concierge fees provide new revenue directly and serve as a tool to help recruit and retain physicians. Those doctors then provide lucrative referrals of their well-heeled patients to the hospitals that employ them.

“Hospitals are attracted to physicians that offer concierge services because their patients do not come with bad debts or a need for charity care, and most of them have private insurance which pays the hospital very well,” said Gerard Anderson, a hospital finance expert at Johns Hopkins University.

“They are the ideal patient, from the hospitals’ perspective.”

Concierge physicians typically limit their practices to a few hundred patients, compared with a couple of thousand for a traditional primary care doctor, so they can promise immediate access and longer visits.

“Every time we see these models expand, we are contracting the availability of primary care doctors for the general population,” said Jewel Mullen, associate dean for health equity at the University of Texas-Austin’s Dell Medical School. The former Connecticut health commissioner said concierge doctors join large hospital systems because of the institutions’ reputations, while hospitals sign up concierge physicians to ensure referrals to specialists and inpatient care. “It helps hospitals secure a bigger piece of their market,” she said.

Concierge physicians typically promise same-day or next-day appointments. Many provide patients their mobile phone number.

Aaron Klein, who oversees the concierge physician practices at Baptist Health, said the program was initially intended to serve donors.

“High-end donors wanted to make sure they have doctors to care for them,” he said.

Baptist opened its concierge program in 2019 and now has three practices across South Florida, where patients pay $2,500 a year.

“My philosophy is: It’s better to give world-class care to a few hundred patients rather than provide inadequate care to a few thousand patients,” Klein said.

Concierge physician practices started more than 20 years ago, mainly in upscale areas such as Boca Raton, Florida, and La Jolla, California. They catered mostly to wealthy retirees willing to pay extra for better physician access. Some of the first physician practices to enter the business were backed by private equity firms.

One of the largest, Boca Raton-based MDVIP, has more than 1,100 physicians and more than 390,000 patients. It was started in 2000, and since 2014 private equity firms have owned a majority stake in the company.

Some concierge physicians say their more attentive care means healthier patients. A study published last year by researchers at the University of California-Berkeley and University of Pennsylvania found no impact on mortality rates. What the study did find: higher costs.

Using Medicare claims data, the researchers found that concierge medicine enrollment corresponded with a 30%-50% increase in total health care spending by patients.

For hospitals, “this is an extension of them consolidating the market,” said Adam Leive, a study co-author and an assistant professor of public policy at UC Berkeley. Inova Health Care Services in Fairfax, Virginia, one of the state’s largest tax-exempt hospital chains, employs 18 concierge doctors, who each handle no more than 400 patients. Those patients pay $2,200 a year for the privilege.

George Salem, 70, of McLean, Virginia, has been a patient in Inova’s concierge practice for several years along with his wife. Earlier this year he slammed his finger in a hotel door, he said. As soon as he got home, he called his physician, who saw him immediately and stitched up the wound. He said he sees his doctor about 10 to 12 times a year.

“I loved my internist before, but it was impossible to get to see him,” Salem said. Immediate access to his doctor “very much gives me peace of mind,” he said.

Craig Cheifetz, a vice president at Inova who oversees the concierge program, said the hospital system took interest in the model after MDVIP began moving aggressively into the Washington, D.C., suburbs about a decade ago. Today, Inova’s program has 6,000 patients.

Cheifetz disputes the charge that concierge physician programs exacerbate primary care shortages. The model keeps doctors who were considering retiring early in the business with a lighter caseload, he said. And the fees amount to no more than a few dollars a day — about what some people spend on coffee, he said.

“Inova has an incredible primary care network for those who can’t afford the concierge care,” he said. “We are still providing all that is necessary in primary care for those who need it.”

Some hospitals are starting concierge physician practices far from their home locations. For example, Tampa General Hospital in Florida last year opened a concierge practice in upper-middle-class Palm Beach Gardens, a roughly three-hour drive from Tampa. Mount Sinai Health System in New York runs a concierge physician practice in West Palm Beach.

NCH Healthcare System in Naples, Florida, employs 12 concierge physicians who treat about 3,000 patients total. “We found a need in this community for those who wanted a more personalized health care experience,” said James Brinkert, regional administrator for the system. Members pay an annual fee of at least $3,500.

NCH patients whose doctors convert to concierge and who don’t want to pay the membership fee are referred to other primary care practices or to urgent care, Brinkert said.

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GRINNELL, Iowa — A for-profit company has proposed turning a boarded-up former nursing home here into a psychiatric hospital, joining a national trend toward having such hospitals owned by investors instead of by state governments or nonprofit health systems.

The companies see a business opportunity in the shortage of inpatient beds for people with severe mental illness.

The scarcity of inpatient psychiatric care is evident nationwide, especially in rural areas. People in crisis often are held for days or weeks in emergency rooms or jails, then transported far from their hometowns when a bed opens in a distant hospital.

Eight nonprofit Iowa hospitals have shuttered their psychiatric units since 2007, often citing staffing and financial challenges. Iowa closed two of its four mental health institutions in 2015.

The state now ranks last in the nation for access to state-run psychiatric hospitals, according to the Treatment Advocacy Center. The national group, which promotes improving care for people with severe mental illness, recommends states have at least 50 state-run psychiatric beds per 100,000 people. Iowa has just two such beds per 100,000 residents, the group said.

Two out-of-state companies have developed psychiatric hospitals in Iowa in the past four years, and now a third company has obtained a state “certificate of need” to open a 60-bed facility in Grinnell.

Before 2020, Iowa had no privately owned, free-standing psychiatric hospitals. But several national companies specialize in developing such facilities, which treat people in crisis from conditions such as depression, schizophrenia, or bipolar disorder, sometimes compounded by drug or alcohol abuse. One of the companies operating in Iowa, Universal Health Services, says it has mental health facilities in 39 states.

Lisa Dailey, the Treatment Advocacy Center’s executive director, said that for-profit hospitals don’t necessarily provide worse care than nonprofit ones but that they tend to be less transparent and more motivated by money. “Private facilities are private,” she said. “As a result, you may not have a great insight into why they make the decisions that they make.”

Dailey said solid data on privately run mental health hospitals nationwide is scarce. But she has heard for-profit companies have recently set up free-standing psychiatric hospitals in several states, including California. The California Department of Public Health confirmed three such facilities have opened there since 2021, in Aliso Viejo, Madera, and Sacramento.

The latest Iowa psychiatric hospital would be housed in a vacant nursing home on the outskirts of Grinnell, a college town of 9,500 people in a rural region of the state. The project’s developers noted there are no other inpatient mental health facilities in Poweshiek County, where Grinnell is located, or in any of the eight surrounding counties. The nearest inpatient mental health facilities are 55 miles west in Des Moines.

The Indiana-based company proposing the hospital, Hickory Recovery Network, primarily runs addiction treatment centers in Indiana. But it opened psychiatric hospitals in Ohio and Texas in 2023 and 2024, and it told Iowa regulators it could open the Grinnell hospital by August.

An affiliated company ran the facility as a nursing home, called the Grinnell Health Care Center, until 2022, according to a Hickory Recovery Network filing with Iowa regulators.

Medicare rated the nursing home’s overall quality at just two out of five stars. And in 2020, the facility was suspended indefinitely from Iowa’s Medicaid program because of billing issues, state records show.

Officials from Hickory Recovery Network responded only briefly to KFF Health News inquiries, including about how the former Iowa nursing home’s spotty record could affect the proposed psychiatric hospital.

In a short telephone interview in February, Melissa Durkin, the company’s chief operating officer, declined to say who owns Hickory Recovery Network.

Durkin denied in the interview that her organization was associated with the company that ran the defunct and troubled Grinnell nursing home.

However, Hickory Recovery’s application for a certificate of need refers to the nursing home operator as “Hickory’s affiliated company.” In testimony before Iowa regulators, Durkin made a similar reference as she expressed confidence her organization could find sufficient staff to reopen the facility as a psychiatric hospital. “We have a history with that building. We operated a nursing home there before,” she said at the video-recorded hearing.

Durkin said in the interview that company leaders had not decided for sure to redevelop the vacant Iowa nursing home into a psychiatric hospital, although they twice went through the complicated process of applying for a state “certificate of need” for the project. The first attempt was stymied in 2023 by a tie vote of the board that considers such permits, which are a major hurdle for large health care projects. The second application was approved by a unanimous vote after a hearing on Jan. 25.

Keri Lyn Powers, a Hickory executive, told regulators the company planned to spend $1.5 million to remodel the building. The main changes would include making rooms safe for people who might be suicidal, she said.

The company predicted in its application that 90% of the hospital’s patient revenues would come from Medicare or Medicaid, public programs for seniors or people who have low incomes or disabilities. It doesn’t mention that the nursing home was suspended from Iowa’s Medicaid program, which covers about half of the state’s nursing home residents.

Iowa authorities suspended the Grinnell Health Care Center nursing home in 2020 for failing to repay nearly $25,000 in overpayments from Medicaid, state records show. When the nursing home closed in 2022, its former medical director told the local newspaper part of the reason for its demise was its inability to collect Medicaid reimbursements. Iowa administrators recently notified the owners that the former nursing home owed $284,676 to Medicaid. A state spokesperson said in March that neither amount had been repaid.

The proposal to reopen the building as a psychiatric hospital won support from patient advocates, Grinnell’s nonprofit community hospital, and the regional mental health coordinator.

The only opposition at the state hearing came from Kevin Pettit, leader of one of Iowa’s two other private free-standing psychiatric hospitals. Pettit is chief executive officer of Clive Behavioral Health Hospital, a 100-bed facility in suburban Des Moines that opened in 2021. Pettit told regulators he supports expanding mental health services, but he predicted the proposed Grinnell facility would struggle to hire qualified employees.

He said despite strong demand for care, many Iowa psychiatric facilities are limiting admissions. “The beds exist, but they’re not actually open, … because we’re dealing with staffing issues throughout the state,” Pettit testified.

Overall, Iowa has 901 licensed inpatient mental health beds, including in psychiatric units at community hospitals, in free-standing psychiatric hospitals, and in the two remaining state mental health institutes, according to the Iowa Department of Health and Human Services. But as of January, just 738 of those beds were staffed and being used.

Pettit’s facility is run by Pennsylvania-based Universal Health Services in partnership with MercyOne, a hospital system based in the Des Moines area.

In an interview, Pettit said his hospital only has enough staff to use about half of its beds. He said it’s especially difficult to recruit nurses and therapists, even in an urban area with a relatively robust labor supply.

State inspectors have cited problems at the Clive facility, including four times declaring that deficiencies put patients’ safety in “immediate jeopardy.” Those issues included insufficient staff to properly monitor patients and insufficient safeguards to prevent access to items patients could use to choke or cut themselves.

Pettit said such citations are not unusual in the tightly regulated industry. He said the organization is committed to patient safety. “We value the review by our regulatory entities during the survey process and view any finding as an opportunity for continuous improvement of our operations,” he wrote in an email.

Iowa’s other privately owned psychiatric hospital, Eagle View Behavioral Health in Bettendorf, also has been cited by state inspectors. The 72-bed hospital was purchased in 2022 by Summit BHC from Strategic Behavioral Health, which opened the facility in 2020. Both companies are based in Tennessee.

State inspectors have cited the Bettendorf facility twice for issues posing “immediate jeopardy” to patient safety. In 2023, inspectors cited the facility for insufficient supervision of patients, “resulting in inappropriate sexual activity” between adult and adolescent patients. In 2021, the facility was cited for insufficient safety checks to prevent suicide attempts and sexual misconduct.

Eagle View officials did not respond to requests for comment.

Advocates for Iowa patients have supported the development of free-standing psychiatric hospitals.

Leslie Carpenter of Iowa City, whose adult son has been hospitalized repeatedly for severe mental illness, spoke in favor of the Grinnell facility’s application for a certificate of need.

In an interview afterward, Carpenter said she was optimistic the new facility could find enough staff to help address Iowa’s critical shortage of inpatient psychiatric care.

She said she would keep a close eye on how the new facility fares. “I think if a company were willing to come in and do the job well, it could be a game changer.”

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How patients are seeing their doctor is changing, and that could shape access to and quality of care for decades to come.

More than 100 million Americans don’t have regular access to primary care, a number that has nearly doubled since 2014. Yet demand for primary care is up, spurred partly by record enrollment in Affordable Care Act plans. Under pressure from increased demand, consolidation, and changing patient expectations, the model of care no longer means visiting the same doctor for decades.

KFF Health News senior correspondent Julie Appleby breaks down what is happening — and what it means for patients.

More From This Investigation Primary Care Disrupted

Known as the “front door” to the health system, primary care is changing. Under pressure from increased demand, consolidation, and changing patient expectations, the model of care no longer means visiting the same doctor for decades. KFF Health News looks at what this means for patients.

Read More Credits Hannah Norman Video producer and animator Oona Tempest Illustrator and creative director

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Céline Gounder, KFF Health News’ senior fellow and editor-at-large for public health, discussed the 2024 U.S. measles outbreak on WAMU’s “A1” on March 26.

• Click here to hear Gounder on “A1.”

KFF Health News former senior editor Andy Miller discussed Medicaid expansion on the The Atlanta Journal-Constitution’s “Politically Georgia” on March 22.

• Click here to hear Miller on “Politically Georgia.”
• Read Miller and Renuka Rayasam’s “Georgia’s Medicaid Work Requirements Costing Taxpayers Millions Despite Low Enrollment.”

KFF Health News rural health care correspondent Arielle Zionts discussed Montana as an island of abortion access on WVON 1690AM’s “America’s Heroes Group podcast” on March 16.

• Click here to hear Zionts on “America’s Heroes Group podcast.”
• Read Zionts’ “Montana, an Island of Abortion Access, Preps for Consequential Elections and Court Decisions.”

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