Released the annual Social Security and Medicare Trustees Reports

Los titulares explotaron después que el Departamento de Agricultura confirmara que el virus de la gripe aviar H5N1 ha infectado a vacas lecheras en todo el país.

Las pruebas han detectado el virus en el ganado en nueve estados, principalmente en Texas y Nuevo México, y más recientemente en Colorado, dijo Nirav Shah, director principal adjunto de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en un evento del 1 de mayo.

Otros animales, y al menos una persona en Texas, también se infectaron con el H5N1. Pero lo que más temen los científicos es si el virus se propagara de manera eficiente de persona a persona. Eso no ha sucedido y podría no suceder. Shah dijo que los CDC consideran que el brote de H5N1 “es un riesgo bajo para el público en general en este momento”.

Los virus evolucionan y los brotes pueden cambiar rápidamente. “Como con cualquier brote importante, esto se mueve a la velocidad de un tren bala”, dijo Shah. “De lo que hablamos ahora es de un instantánea de ese tren que se mueve rápidamente”. Lo que quiere decir es que lo que hoy se sabe sobre la gripe aviar H5N1 seguramente cambiará.

Con eso en mente, KFF Health News explica lo que se necesita saber ahora.

¿Quién contrae el virus que causa la gripe aviar?

Principalmente las aves. Sin embargo, en los últimos años, el virus de la gripe aviar H5N1 ha estado saltando cada vez más de las aves a los mamíferos en todo el mundo. La creciente lista, de más de 50 especies, incluye focas, cabras, zorrinos, gatos y perros salvajes en un zoológico en el Reino Unido. Al menos 24,000 leones marinos murieron en brotes de gripe aviar H5N1 en Sudamérica el año pasado.

Lo que hace que el brote actual en el ganado sea inusual es que se está propagando rápidamente de vaca a vaca, mientras que los otros casos, excepto las infecciones de leones marinos, parecen limitados. Los investigadores saben esto porque las secuencias genéticas de los virus H5N1 extraídos de las vacas este año eran casi idénticas entre sí.

El brote de ganado también preocupa porque agarró al país desprevenido. Los investigadores que examinan los genomas del virus sugieren que originalmente se transmitió de las aves a las vacas a finales del año pasado en Texas, y desde entonces se ha propagado entre muchas más vacas de las que se han examinado.

“Nuestros análisis muestran que esto ha estado circulando en vacas durante unos cuatro meses, bajo nuestras narices”, dijo Michael Worobey, biólogo especializado en evolución de la Universidad de Arizona en Tucson.

¿Es este el comienzo de la próxima pandemia?

Aún no. Pero es algo que vale la pena considerar porque una pandemia de gripe aviar sería una pesadilla. Más de la mitad de las personas infectadas por cepas anteriores del virus de la gripe aviar H5N1 de 2003 a 2016 murieron.

Incluso si las tasas de mortalidad resultan ser menos severas para la cepa H5N1 que circula actualmente en el ganado, las repercusiones podrían implicar muchas personas enfermas y hospitales demasiado abrumados para manejar otras emergencias médicas.

Aunque al menos una persona se infectó con el H5N1 este año, el virus no puede provocar una pandemia en su estado actual.

Para alcanzar este horrible estatus, un patógeno necesita enfermar a muchas personas en varios continentes. Y para lograrlo, el virus H5N1 necesitaría infectar a toneladas de personas. Eso no sucederá a través de saltos ocasionales del virus de los animales de granja a las personas. Más bien, el virus debe adquirir mutaciones para propagarse de persona a persona, como la gripe estacional, como una infección respiratoria transmitida principalmente por el aire cuando las personas tosen, estornudan y respiran.

Como aprendimos de covid-19, los virus transmitidos por el aire son difíciles de frenar.

Eso aún no ha sucedido. Sin embargo, los virus H5N1 ahora tienen muchas oportunidades para evolucionar a medida que se replican dentro de los organismos de miles de vacas. Como todos los virus, mutan a medida que se replican, y las mutaciones que mejoran la supervivencia del virus se transmiten a la próxima generación. Y debido a que las vacas son mamíferos, los virus podrían estar mejorando en reproducirse dentro de células más cercanas a las nuestras que las de las aves.

La evolución de un virus de gripe aviar listo para una pandemia podría facilitarse por una especie de superpoder que poseen muchos virus. Es decir, a veces intercambian sus genes con otras cepas en un proceso llamado recombinación.

En un estudio publicado en 2009, Worobey y otros investigadores rastrearon el origen de la pandemia del virus de la gripe porcina H1N1 en eventos en los que diferentes virus que causaban esta gripe, la gripe aviar y la gripe humana mezclaban y combinaban sus genes dentro de cerdos que se estaban infectando simultáneamente. Los cerdos no necesitan estar involucrados esta vez, advirtió Worobey.

¿Comenzará una pandemia si una persona bebe leche contaminada con el virus?

Aún no. La leche de vaca, así como la leche en polvo y la fórmula infantil, que se venden en tiendas se consideran seguras porque la ley requiere que toda la leche vendida comercialmente sea pasteurizada. Este proceso de calentar la leche a altas temperaturas mata bacterias, virus y otros microorganismos.

Las pruebas han identificado fragmentos de virus H5N1 en la leche comercial, pero confirman que los fragmentos del virus están muertos y, por lo tanto, son inofensivos.

Sin embargo, la leche “cruda” no pasteurizada ha demostrado contener virus H5N1 vivos, por eso la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y otras autoridades sanitarias recomiendan firmemente a las personas que no la tomen, porque podrían enfermarse de gravedad o algo peor.

Pero, aún así, es poco probable que se desate una pandemia porque el virus, en su forma actual, no se propaga eficientemente de persona a persona, como lo hace, por ejemplo, la gripe estacional.

¿Qué se debe hacer?

¡Mucho! Debido a la falta de vigilancia, el Departamento de Agricultura (USDA) y otras agencias han permitido que la gripe aviar H5N1 se propague en el ganado, sin ser detectada. Para hacerse cargo de la situación, el USDA recientemente ordenó que se sometan a pruebas a todas las vacas lecheras en lactancia antes que los ganaderos las trasladen a otros estados, y que se informen los resultados de las pruebas.

Pero al igual que restringir las pruebas de covid a los viajeros internacionales a principios de 2020 permitió que el coronavirus se propagara sin ser detectado, testear solo a las vacas que se mueven entre estados dejaría pasar muchos casos.

Estas pruebas limitadas no revelarán cómo se está propagando el virus entre el ganado, información que los ganaderos necesitan desesperadamente para frenarlo. Una hipótesis principal es que los virus se están transfiriendo de una vaca a la siguiente a través de las máquinas utilizadas para ordeñarlas.

Para aumentar las pruebas, Fred Gingrich, director ejecutivo de la American Association of Bovine Practitioners, dijo que el gobierno debería ofrecer fondos a los ganaderos para que informen casos y así tengan un incentivo para hacer pruebas. De lo contrario, dijo, informar solo daña la reputación por encima de las pérdidas financieras.

“Estos brotes tienen un impacto económico significativo”, dijo Gingrich. “Los ganaderos pierden aproximadamente el 20% de su producción de leche en un brote porque los animales dejan de comer, producen menos leche, y parte de esa leche es anormal y no se puede vender”.

Gingrich agregó que el gobierno ha hecho gratuitas las pruebas de H5N1 para los ganaderos, pero no han presupuestado dinero para los veterinarios que deben tomar muestras de las vacas, transportar las muestras y presentar los documentos. “Las pruebas son la parte menos costosa”, explicó.

Si las pruebas en las granjas siguen siendo esquivas, los virólogos aún pueden aprender mucho analizando secuencias genómicas del virus H5N1 de muestras de ganado. Las diferencias entre las secuencias cuentan una historia sobre dónde y cuándo comenzó el brote actual, el camino que recorre y si los virus están adquiriendo mutaciones que representan una amenaza para las personas.

Sin embargo, esta investigación vital se ha visto obstaculizada porque el USDA publica los datos incompletos y con cuentagotas, dijo Worobey.

El gobierno también debería ayudar a los criadores de aves de corral a prevenir brotes de H5N1, ya que estos matan a muchas aves y representan una amenaza constante de potenciales saltos de especies, dijo Maurice Pitesky, especialista en enfermedades de aves de la Universidad de California-Davis.

Las aves acuáticas como los patos y los gansos son las fuentes habituales de brotes en granjas avícolas, y los investigadores pueden detectar su proximidad mediante el uso de sensores remotos y otras tecnologías. Eso puede significar una vigilancia rutinaria para detectar signos tempranos de infecciones en aves de corral, usar cañones de agua para ahuyentar a las bandadas migratorias, reubicar animales de granja o llevarlos temporalmente a cobertizos. “Deberíamos estar invirtiendo en prevención”, dijo Pitesky.

Bien, no es una pandemia, pero ¿qué podría pasarle a las personas que contraigan la gripe aviar H5N1 de este año?

Realmente nadie lo sabe. Solo una persona en Texas fue diagnosticada con la enfermedad este año, en abril. Esta persona trabajaba con vacas lecheras, y tuvo un caso leve con una infección en el ojo. Los CDC se enteraron de esto debido a su proceso de vigilancia. Las clínicas deben alertar a los departamentos de salud estatales cuando diagnostican a trabajadores agrícolas con gripe, utilizando pruebas que detectan virus de la influenza en general.

Los departamentos de salud estatales luego confirman la prueba y, si es positiva, envían una muestra de la persona a un laboratorio de los CDC, donde se verifica específicamente la presencia del virus H5N1. “Hasta ahora hemos recibido 23”, dijo Shah. “Todos menos uno resultaron negativos”.

Agregó que funcionarios del departamento de salud estatal también están monitoreando a alrededor de 150 personas que han pasado tiempo alrededor de ganado. Están en contacto con estos trabajadores agrícolas con llamadas telefónicas, mensajes de texto o visitas en persona para ver si desarrollan síntomas. Y si eso sucede, les harán pruebas.

Otra forma de evaluar a los trabajadores agrícolas sería testear su sangre en busca de anticuerpos contra el virus de la gripe aviar H5N1; un resultado positivo indicaría que podrían haberse infectado sin saberlo. Pero Shah dijo que los funcionarios de salud aún no están haciendo este trabajo.

“El hecho de que hayan pasado cuatro meses y aún no hayamos hecho esto no es una buena señal”, dijo Worobey. “No estoy muy preocupado por una pandemia en este momento, pero deberíamos comenzar a actuar como si no quisiéramos que sucediera”.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

SACRAMENTO, California – Las familias de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo dicen que el gobernador Gavin Newsom no está cumpliendo con un aumento programado para los trabajadores que cuidan de sus seres queridos.

Sus defensores advierten sobre posibles demandas contra el estado si los servicios para estas personas se vuelven más difíciles de conseguir.

El gobernador demócrata apela al déficit presupuestario del estado para postergar por un año los aumentos salariales de unos 150,000 trabajadores que cuidan a personas con alguna discapacidad. De este modo, ahorrará aproximadamente $613 millones en fondos estatales.

Pero esta medida significa, a la vez, que el estado dejará de percibir aproximadamente $408 millones adicionales que provienen de reembolsos de Medicaid. Esto supondrá una reducción del financiamiento de más de $1,000 millones.

Algunos legisladores afirman que no cumplir con el aumento prometido disparará la rotación de los trabajadores y así quedarán más puestos vacantes, lo que dejará a miles de niños y adultos con discapacidades sin servicios críticos tanto en su hogar como en centros residenciales.

Los defensores de las personas con discapacidad advierten que esta medida podría violar el Acta Lanterman, una ley emblemática de California que establece que el estado debe proporcionar servicios y recursos a las personas con discapacidad y a sus familias.

Felisa Strickland, una mujer de 60 años que vive en Santa Bárbara, lleva más de un año buscando un programa diurno para su hija Lily, de 23 años, quien tiene autismo y parálisis cerebral. “Newsom está rompiendo una promesa y esta situación está generando muchos problemas de salud física y mental para las personas. También representa una carga de estrés innecesaria para quienes, como yo, somo padres mayores que cuidamos de nuestros hijos”.

Los trabajadores que cuidan a personas que viven con discapacidad, también llamados profesionales de apoyo directo, atienden diariamente a niños y adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo, como autismo, parálisis cerebral y epilepsia. Sus cuidados los ayudan a mantenerse independientes y facilitan que se integren mejor a sus comunidades.

En California, más de 400,000 personas que viven con discapacidad necesitan asistencia. Esa franja de la población va en aumento, del mismo modo que ocurre con los adultos mayores. No está claro cuál es la dimensión de la escasez de cuidadores porque el estado no ha publicado datos sobre la fuerza laboral. Como en general la demanda de estos trabajadores crece, algunos expertos predicen que hacia 2030 faltarán entre 600,000 y 3,2 millones de profesionales de apoyo directo.

Los defensores explican que California paga a la mayoría de los proveedores entre $16 y $ 20 por hora, lo que se ajusta al salario mínimo del estado pero no llega a lo que algunos economistas consideran una remuneración digna.

En 2021, el estado se había comprometido a aumentar los salarios. Lo hizo después de detectar una brecha de $1,800 millones entre las tarifas que cobraban las organizaciones sin fines de lucro contratadas para ofrecer cuidados y los aranceles que se consideraban adecuados.

Hasta ahora, California ha aportado alrededor de la mitad del total de esa suma, la mayor parte de la cual se destinó a aumentar los salarios y las prestaciones. Los trabajadores esperaban otro aumento salarial en julio, de entre $2 y $4 la hora, pero Newsom propuso que fuera postergado.

Además, las organizaciones sin fines de lucro señalan que California ha vuelto más difícil retener a los trabajadores en tareas de cuidado después que aumentara los salarios en otros sectores vinculados a los servicios y la salud.

Newsom aprobó un salario mínimo de $20 para los empleados de restaurantes de comida rápida, que entró en vigencia en abril. Además, el año anterior había llegado a un acuerdo con los sindicatos y los hospitales para que los salarios de los trabajadores de salud subieran a un mínimo de $25 por hora.

Ricardo Zegri asegura que la cadena de restaurantes de comida rápida Taco Bell le pagaría más que los $19 por hora que gana como supervisor de trabajadores de cuidado para personas con alguna discapacidad.

“Cada vez que cobro el sueldo, tenemos una discusión en casa sobre el pago de cuáles facturas necesitamos priorizar y si es hora de que empiece a buscar un empleo donde me paguen más”, dijo Zegri, que tiene un segundo trabajo como músico en el área de la Bahía de San Francisco.

Newsom quiere preservar iniciativas de salud clave, incluida la expansión estatal de Medi-Cal a inmigrantes de bajos ingresos independientemente de su estatus legal, y CalAIM, un ambicioso experimento de $12,000 millones para transformar Medi-Cal en una aseguradora de salud y un proveedor de servicios sociales.

Sin embargo, el retraso en las tarifas para brindar atención a personas con discapacidades es el mayor ahorro en el presupuesto de Salud y Servicios Humanos, ya que Newsom y los líderes legislativos buscan recortes, demoras y cambios en la financiación para cerrar un déficit estimado de entre $38,000 millones y $73,000 millones.

Decenas de legisladores de ambos partidos están pidiendo a Newsom y a los líderes legislativos que mantengan el aumento prometido. Stephanie Nguyen, integrante de la Asamblea y demócrata de Elk Grove, firmó una carta de respaldo a ese reclamo.

Aunque los legisladores están negociando con la administración, dijeron que es muy poco probable que se revierta la decisión de dejar para más adelante el aumento de sueldo. “Todo el mundo tiene que perder algo”, dijo Nguyen.

Krystyne McComb, vocera del Departamento de Servicios de Desarrollo, admitió que este año, con la postergación del aumento, California perdería fondos federales. Pero aseguró que los volverá a recuperar cuando restablezca el plan, en 2025.

El departamento no respondió a las preguntas sobre cómo piensa retener a los trabajadores ni cómo se cubrirían los puestos vacantes.

El sistema de servicios de discapacidad puede colapsar a partir de la postergación del aumento salarial que propone el gobernador Newsom, afirma Jordan Lindsey, director ejecutivo de Arc of California, una organización de defensa de los derechos de las personas con discapacidad que opera en todo el estado.

Las familias dicen que California ya no cumple con los servicios que necesitan. Strickland dejó su trabajo para cuidar de su hija Lily pero asegura que “no es razonable esperar que alguien cuide de otra persona 24 horas al día, siete días a la semana”.

Lily se graduó de la escuela secundaria y en 2022 terminó un programa que prepara a jóvenes con discapacidades para la transición a la vida adulta. Estaba deseando apuntarse a un programa diurno para hacer nuevos amigos, pero aún no ha encontrado vacante.

Debido a la escasez de trabajadores, Lilly sólo recibe los cuidados de un profesional de apoyo directo en su casa durante cuatro horas a la semana. Le paga unos $16 la hora.

El tiempo en que Lily está con el cuidador, su comportamiento cambia y vuelve a ser la persona feliz que era antes, explica Strickland.

“El sistema ya está en crisis”, afirma. “Hay montones y montones de personas que pasan el día sentadas en su casa porque no tienen a dónde ir”.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

COVID vaccine success

Marisol Pantoja Toribio se encontró un bulto en el pecho a principios de enero. Sin seguro y viviendo en California sin papeles, y sin su familia, la normalmente despreocupada mujer de 43 años se dio cuenta pronto de lo limitadas que eran sus opciones.

“Yo dije, ¿Qué voy a hacer? …. “, recordó emocionada. Inmediatamente le preocupó que pudiera tener cáncer. “Iba y venía: tengo [cáncer], no tengo, sí tengo, no tengo”. Y si estaba enferma, agregó, no podría trabajar ni pagar el alquiler. Al no tener seguro de salud, Pantoja Toribio no podía pagar para averiguar si tenía una enfermedad grave.

A partir de este año, Medi-Cal, el programa de Medicaid de California, se amplió para incluir a los inmigrantes que no tienen residencia legal, algo que podría haber funcionado perfectamente para Pantoja Toribio, que ha vivido en la ciudad de Brentwood, en el Área de la Bahía, durante tres años. Pero su solicitud de Medi-Cal fue rechazada rápidamente porque, como trabajadora agrícola que gana $16 la hora, sus ingresos anuales de unos $24,000 eran demasiado altos para calificar para el programa.

California es el primer estado en ampliar Medicaid a todos los adultos que reúnan los requisitos, independientemente de su estatus migratorio, una medida celebrada por los activistas de la salud y por líderes políticos de todo el estado. Pero muchos inmigrantes sin estatus legal permanente, especialmente los que viven en zonas de California donde el costo de vida es más alto, ganan demasiado dinero como para calificar para Medi-Cal.

El estado paga la factura de la expansión de Medi-Cal, pero la ley federal prohíbe a los que llama “indocumentados” recibir subsidios de seguros u otros beneficios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dejando a muchos empleados, sin opciones viables médico.

Ahora, los mismos activistas de salud que lucharon por la expansión de Medi-Cal dicen que el siguiente paso para lograr la equidad en salud es ampliar Covered California, el mercado estatal de ACA, a todos los inmigrantes adultos mediante la aprobación de la AB 4.

“Hay personas en este estado que trabajan y son la columna vertebral de tantos sectores de nuestra economía y contribuyen con su trabajo e incluso con sus impuestos … pero están excluidos de nuestra red de seguridad social”, dijo Sarah Dar, directora del Centro de Política de Inmigración de California, una de las dos organizaciones que patrocinan el proyecto de ley, denominado #Health4All.

Para calificar para Medi-Cal, una persona no puede ganar más del 138% del nivel federal de pobreza, que actualmente es de cerca de $21,000 al año para un individuo. Una familia de tres miembros tendría que ganar menos de $35,632 al año.

Para las personas que superan esos umbrales, el mercado de Covered California ofrece varios planes de salud, a menudo con subsidios federales y estatales, con primas tan bajas como $10 al mes. La esperanza es crear lo que los activistas llaman un “mercado espejo” en el sitio web de Covered California para que a los inmigrantes, independientemente de su estatus, se les pueda ofrecer los mismos planes de salud que serían subvencionados sólo por el estado.

A pesar de la mayoría demócrata en la Legislatura, el proyecto de ley podría tener dificultades para ser aprobado, ya que el estado se enfrenta a un déficit presupuestario previsto para el próximo año de entre $38 mil millones y $73 mil millones. El gobernador Gavin Newsom y líderes legislativos anunciaron un paquete de $17 mil millones para empezar a reducir la brecha, pero parece inevitable que se produzcan recortes significativos en el gasto.

No está claro cuánto costaría extender Covered California a todos los inmigrantes, según el miembro de la Asamblea Joaquín Arambula, demócrata de Fresno que presentó el proyecto de ley.

El Centro de Política de Inmigración estima que la creación del mercado costaría al menos $15 millones. Si el proyecto de ley se aprueba, los patrocinadores tendrían que asegurar la financiación de los subsidios, que podrían ascender a miles de millones de dólares anuales.

“Es un momento difícil para pedir nuevos gastos”, señaló Dar. “El costo de la puesta en marcha del mercado espejo es una cifra relativamente baja. Así que tenemos esperanzas de que aún esté dentro de lo posible”.

Arambula dijo que es optimista en cuanto a que el estado continuará liderando en la mejora del acceso a la salud para los inmigrantes que no tienen residencia legal.

“Creo que seguiremos adelante, ya que estamos trabajando para hacer de ésta una California para todos”, expresó.

El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea en julio pasado en una votación de 64-9 y ahora falta la acción del Comité de Asignaciones del Senado, según la oficina de Arambula.

Se calcula que unas 520,000 personas en California podrían optar por un plan de Covered California si tuvieran un estatus legal, según el centro de investigación laboral de la Universidad de California-Berkeley. Pantoja Toribio, que emigró sola desde México huyendo de una relación abusiva, dijo que tuvo suerte. Se enteró de las opciones alternativas de atención médica cuando hizo su visita semanal a un banco de alimentos en Hijas del Campo, una organización de defensa de los trabajadores agrícolas del condado de Contra Costa, donde le dijeron que podría calificar para un plan que ayuda a personas de bajos ingresos a través de Kaiser Permanente.

Pantoja Toribio aplicó, justo antes que se cerrara el plazo de inscripción a finales de enero. Gracias al plan, supo que el bulto que tenía en el pecho no era canceroso.

“Diosito me oyó”, exclamó. “Gracias a Dios”.

Esta historia fue producida por KFF Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The national competition was created to identify and reward innovative programs that ensure women receive appropriate monitoring and follow-up.

Miguel Divo, a lung specialist at Brigham and Women’s Hospital in Boston, sits in an exam room across from Joel Rubinstein, who has asthma. Rubinstein, a retired psychiatrist, is about to get a checkup and hear a surprising pitch — for the planet, as well as his health.

Divo explains that boot-shaped inhalers, which represent nearly 90% of the U.S. market for asthma medication, save lives but also contribute to climate change. Each puff from an inhaler releases a hydrofluorocarbon gas that is 1,430 to 3,000 times as powerful as the most commonly known greenhouse gas, carbon dioxide.

“That absolutely never occurred to me,” said Rubinstein. “Especially, I mean, these are little, teeny things.”

So Divo has begun offering a more eco-friendly option to some patients with asthma and other lung diseases: a plastic, gray cylinder about the size and shape of a hockey puck that contains powdered medicine. Patients suck the powder into their lungs — no puff of gas required and no greenhouse gas emissions.

“You have the same medications, two different delivery systems,” Divo said.

Patients in the United States are prescribed roughly 144 million of what doctors call metered-dose inhalers each year, according to the most recently available data published in 2020. The cumulative amount of gas released is the equivalent of driving half a million gas-powered cars for a year. So, the benefits of moving to dry powder inhalers from gas inhalers could add up.

Hydrofluorocarbon gas contributes to climate change, which is creating more wildfire smoke, other types of air pollution, and longer allergy seasons. These conditions can make breathing more difficult — especially for people with asthma and chronic obstructive pulmonary disease, or COPD — and increase the use of inhalers.

Divo is one of a small but growing number of U.S. physicians determined to reverse what they see as an unhealthy cycle.

“There is only one planet and one human race,” Divo said. “We are creating our own problems and we need to do something.”

So Divo is working with patients like Rubinstein who may be willing to switch to dry powder inhalers. Rubinstein said no to the idea at first because the powder inhaler would have been more expensive. Then his insurer increased the copay on the metered-dose inhaler so Rubinstein decided to try the dry powder.

“For me, price is a big thing,” said Rubinstein, who has tracked health care and pharmaceutical spending in his professional roles for years. Inhaling the medicine using more of his own lung power was an adjustment. “The powder is a very strange thing, to blow powder into your mouth and lungs.”

But for Rubinstein, the new inhaler works and his asthma is under control. A recent study found that some patients in the United Kingdom who use dry powder inhalers have better asthma control while reducing greenhouse gas emissions. In Sweden, where the vast majority of patients use dry powder inhalers, rates of severe asthma are lower than in the United States.

Rubinstein is one of a small number of U.S. patients who have made the transition. Divo said that, for a variety of reasons, only about a quarter of his patients even consider switching. Dry powder inhalers are often more expensive than gas propellant inhalers. For some, dry powder isn’t a good option because not all asthma or COPD sufferers can get their medications in this form. And dry powder inhalers aren’t recommended for young children or elderly patients with diminished lung strength.

Also, some patients using dry powder inhalers worry that without the noise from the spray, they may not be receiving the proper dose. Other patients don’t like the taste powder inhalers can leave in their mouths.

Divo said his priority is making sure patients have an inhaler they are comfortable using and that they can afford. But, when appropriate, he’ll keep offering the dry powder option.

Advocacy groups for asthma and COPD patients support more conversations about the connection between inhalers and climate change.

“The climate crisis makes these individuals have a higher risk of exacerbation and worsening disease,” said Albert Rizzo, chief medical officer of the American Lung Association. “We don’t want medications to contribute to that.”

Rizzo said there is work being done to make metered-dose inhalers more climate-friendly. The United States and many other countries are phasing down the use of hydrofluorocarbons, which are also used in refrigerators and air conditioners. It’s part of the global attempt to avoid the worst possible impacts of climate change. But inhaler manufacturers are largely exempt from those requirements and can continue to use the gases while they explore new options.

Some leading inhaler manufacturers have pledged to produce canisters with less potent greenhouse gases and to submit them for regulatory review by next year. It’s not clear when these inhalers might be available in pharmacies. Separately, the FDA is spending about $6 million on a study about the challenges of developing inhalers with a smaller carbon footprint.

Rizzo and other lung specialists worry these changes will translate into higher prices. That’s what happened in the early to mid-2000s when ozone-depleting chlorofluorocarbons (CFCs) were phased out of inhalers. Manufacturers changed the gas in metered-dose inhalers and the cost to patients nearly doubled. Today, many of those re-engineered inhalers remain expensive.

William Feldman, a pulmonologist and health policy researcher at Brigham and Women’s Hospital, said these dramatic price increases occur because manufacturers register updated inhalers as new products, even though they deliver medications already on the market. The manufacturers are then awarded patents, which prevent the production of competing generic medications for decades. The Federal Trade Commission says it is cracking down on this practice.

After the CFC ban, “manufacturers earned billions of dollars from the inhalers,” Feldman said of the re-engineered inhalers.

When inhaler costs went up, physicians say, patients cut back on puffs and suffered more asthma attacks. Gregg Furie, medical director for climate and sustainability at Brigham and Women’s Hospital, is worried that’s about to happen again.

“While these new propellants are potentially a real positive development, there’s also a significant risk that we’re going to see patients and payers face significant cost hikes,” Furie said.

Some of the largest inhaler manufacturers, including GSK, are already under scrutiny for allegedly inflating prices in the United States. Sydney Dodson-Nease told NPR and KFF Health News that the company has a strong record for keeping medicines accessible to patients but that it’s too early to comment on the price of the more environmentally sensitive inhalers the company is developing.

Developing affordable, effective, and climate-friendly inhalers will be important for hospitals as well as patients. The Agency for Healthcare Research and Quality recommends that hospitals looking to shrink their carbon footprint reduce inhaler emissions. Some hospital administrators see switching inhalers as low-hanging fruit on the list of climate-change improvements a hospital might make.

But Brian Chesebro, medical director of environmental stewardship at Providence, a hospital network in Oregon, said, “It’s not as easy as swapping inhalers.”

Chesebro said that even among metered-dose inhalers, the climate impact varies. So pharmacists should suggest the inhalers with the fewest greenhouse gas emissions. Insurers should also adjust reimbursements to favor climate-friendly alternatives, he said, and regulators could consider emissions when reviewing hospital performance.

Samantha Green, a family physician in Toronto, said clinicians can make a big difference with inhaler emissions by starting with the question: Does the patient in front of me really need one?

Green, who works on a project to make inhalers more environmentally sustainable, said that research shows a third of adults diagnosed with asthma may not have the disease.

“So that’s an easy place to start,” Green said. “Make sure the patient prescribed an inhaler is actually benefiting from it.”

Green said educating patients has a measurable effect. In her experience, patients are moved to learn that emissions from the approximately 200 puffs in one inhaler are equivalent to driving about 100 miles in a gas-powered car. Some researchers say switching to dry powder inhalers may be as beneficial for the climate as a patient adopting a vegetarian diet.

One of the hospitals in Green’s health care network, St. Joseph’s Health Centre, found that talking to patients about inhalers led to a significant decrease in the use of metered-dose devices. Over six months, the hospital went from 70% of patients using the puffers, to 30%.

Green said patients who switched to dry powder inhalers have largely stuck with them and appreciate using a device that is less likely to exacerbate environmental conditions that inflame asthma.

This article is from a partnership that includes WBUR, NPR, and KFF Health News.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

KFF Health News senior correspondent Samantha Young discussed Medicaid and climate change on KCBS Radio’s “On-Demand” podcast on April 29.

• Click here to hear Young on KCBS
• Read Young’s “AC, Power Banks, Mini Fridges: Oregon Equips Medicaid Patients for Climate Change”

KFF Health News contributor Andy Miller discussed Medicaid unwinding on WUGA’s “The Georgia Health Report” on April 26.

• Click here to hear Miller on “The Georgia Health Report”
• Read Phil Galewitz’ “Millions Were Booted From Medicaid. The Insurers That Run It Gained Medicaid Revenue Anyway.”

KFF Health News Nevada correspondent Jazmin Orozco Rodriguez discussed mortality rates in rural America on The Daily Yonder’s “The Yonder Report” on April 24.

• Click here to hear Rodriguez on “The Yonder Report”
• Read Rodriguez’ “City-Country Mortality Gap Widens Amid Persistent Holes in Rural Health Care Access”

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Over 10 million people with Part D Medicare received a free vaccine thanks to the Inflation Reduction Act, up from just 3 million in 2021.

CMS, finalized a rule that will expand access to health care for Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) recipients

Secretary Reiterated His Commitment to Address Homelessness among Youth and Young Adults as USICH Chair

Marisol Pantoja Toribio found a lump in her breast in early January. Uninsured and living in California without legal status and without her family, the usually happy-go-lucky 43-year-old quickly realized how limited her options were.

“I said, ‘What am I going to do?’” she said in Spanish, quickly getting emotional. She immediately worried she might have cancer. “I went back and forth — I have [cancer], I don’t have it, I have it, I don’t have it.” And if she was sick, she added, she wouldn’t be able to work or pay her rent. Without health insurance, Pantoja Toribio couldn’t afford to find out if she had a serious condition.

Beginning this year, Medi-Cal, California’s Medicaid program, expanded to include immigrants lacking legal residency, timing that could have worked out perfectly for Pantoja Toribio, who has lived in the Bay Area city of Brentwood for three years. But her application for Medi-Cal was quickly rejected: As a farmworker earning $16 an hour, her annual income of roughly $24,000 was too high to qualify for the program.

California is the first state to expand Medicaid to all qualifying adults regardless of immigration status, a move celebrated by health advocates and political leaders across the state. But many immigrants without permanent legal status, especially those who live in parts of California where the cost of living is highest, earn slightly too much money to qualify for Medi-Cal.

The state is footing the bill for the Medi-Cal expansion, but federal law bars those it calls “undocumented” from receiving insurance subsidies or other benefits from the Affordable Care Act, leaving many employed but without viable health insurance options.

Now, the same health advocates who fought for the Medi-Cal expansion say the next step in achieving health equity is expanding Covered California, the state’s ACA marketplace, to all immigrant adults by passing AB 4.

“There are people in this state who work and are the backbone of so many sectors of our economy and contribute their labor and even taxes … but they are locked out of our social safety net,” said Sarah Dar, policy director at the California Immigrant Policy Center, one of two organizations sponsoring the bill, dubbed #Health4All.

To qualify for Medi-Cal, an individual cannot earn more than 138% of the federal poverty level, which currently amounts to nearly $21,000 a year for a single person. A family of three would need to earn less than $35,632 a year.

For people above those thresholds, the Covered California marketplace offers various health plans, often with federal and state subsidies, yielding premiums as low as $10 a month. The hope is to create what advocates call a “mirror marketplace” on the Covered California website so that immigrants regardless of status can be offered the same health plans that would be subsidized only by the state.

Despite a Democratic supermajority in the legislature, the bill might struggle to pass, with the state facing a projected budget deficit for next year of anywhere from $38 billion to $73 billion. Gov. Gavin Newsom and legislative leaders announced a $17 billion package to start reducing the gap, but significant spending cuts appear inevitable.

It’s not clear how much it would cost to extend Covered California to all immigrants, according to Assembly member Joaquin Arambula, the Fresno Democrat who introduced the bill.

The immigrant policy center estimates that setting up the marketplace would cost at least $15 million. If the bill passes, sponsors would then need to secure funding for the subsidies, which could run into the billions of dollars annually.

“It is a tough time to be asking for new expenditures,” Dar said. “The mirror marketplace startup cost is a relatively very low number. So we’re hopeful that it’s still within the realm of possibility.”

Arambula said he’s optimistic the state will continue to lead in improving access to health care for immigrants who lack legal residency.

“I believe we will continue to stand up, as we are working to make this a California for all,” he said.

The bill passed the Assembly last July on a 64-9 vote and now awaits action by the Senate Appropriations Committee, Arambula’s office said.

An estimated 520,000 people in California would qualify for a Covered California plan if not for their lack of legal status, according to the labor research center at the University of California-Berkeley. Pantoja Toribio, who emigrated alone from Mexico after leaving an abusive relationship, said she was lucky. She learned about alternative health care options when she made her weekly visit to a food pantry at Hijas del Campo, a Contra Costa County farmworker advocacy organization, where they told her she might qualify for a plan for low-income people through Kaiser Permanente.

Pantoja Toribio applied just before open enrollment closed at the end of January. Through the plan, she learned that the lump in her breast was not cancerous.

“God heard me,” she said. “Thank God.”

This article was produced by KFF Health News, which publishes California Healthline, an editorially independent service of the California Health Care Foundation. 

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Since becoming a father a few months ago, I’ve been nursing a grudge against something tiny, seemingly inconsequential, and often discarded: instructional manuals. Parenthood requires a lot of gadgetry to maintain a kid’s health and welfare. Those gadgets require puzzling over booklets, decoding inscrutable pictographs, and wondering whether warnings can be safely ignored or are actually disclosing a hazard.

To give an example, my daughter, typically a cooing little marsupial, quickly discovered babyhood’s superpower: Infants emerge from the womb with talon-strength fingernails. She wasn’t afraid to use them, against either her parents or herself. So we purchased a pistachio-green, hand-held mani-pedi device.

That was the easy part. The difficulty came when we consulted the manual, a palm-sized, two-page document.

The wandlike tool is topped with a whirring disc. One can apparently adjust the speed of its rotation using a sliding toggle on the wand. But the product manual offered confusing advice: “Please do not use round center position grinding,” it said. Instead, “Please use the outer circle position to grinding.” It also proclaimed, “Stay away from children.” In finer print, the manual revealed the potential combination of kids and the device’s smaller parts was the reason for concern.

One would hope for more clarity about a doodad that could inadvertently cause pain.

Later, I noticed another warning: “If you do not use this product for a long time, please remove the battery.” Was it dangerous? Or simply an unclear and unhelpful yet innocuous heads-up? We didn’t know what to do with this information.

We now notice shoddy instructions everywhere.

One baby carrier insert told us to use the product for infants with “adequate” head, neck, and torso control — a vague phrase. (The manufacturer declined to comment.)

Another manual, this one online and for a car seat — a device that’s supposed to protect your kid — informed readers with words and images that a model baby was “properly positioned” relative to the top of the headrest “structure” when more than one inch from the top. Just pixels away, the same model, slumped further down, was deemed improperly positioned: “The headrest should not be more than 1” from the top of her head,” it said, in tension with its earlier instructions. Which was it, more than one inch or not? So we fiddle and hope for the best.

I acknowledge this sounds like new-parent paranoia. But we’re not entirely crazy: Manuals are important, and ones for baby products “are notoriously difficult to write,” Paul Ballard, the managing director of 3di Information Solutions, a technical writing firm, told me.

Deborah Girasek, a professor of social and behavior sciences at the Uniformed Services University of the Health Sciences, told me that for decades, for the young and middle-aged alike, unintentional injury has been the leading cause of death. That’s drownings, fires, suffocation, car crashes. The USU is a federal service academy training medical students destined for the armed services or other parts of the government.

Some of these deaths are caused by lack of effective communication — that is, the failure of instruction about how to avoid injury.

And these problems stretch from cheap devices to the most sophisticated products of research and development.

It’s a shortcoming that’s prompted several regulatory agencies charged with keeping Americans healthy, including the Consumer Product Safety Commission, the Food and Drug Administration, and the National Highway Traffic Safety Administration, to prod companies into providing more helpful instructions.

By some lights, they’ve had success. NHTSA, for example, has employees who actually read manuals. The agency says about three-quarters of car seats’ manuals rate four or five stars out of five, up from 38% in 2008. Then again, our car seat’s has a five-star rating. But it turns out the agency doesn’t evaluate online material.

Medical product manuals sometimes don’t fare too well either. Raj Ratwani, director of MedStar Health’s Human Factors program, told me that, for a class he teaches to nurses and doctors, he prompted students to evaluate the instructions for covid-19 tests. The results were poor. One time, instructions detailed two swabs. The kit had only one.

Technical writers I spoke with identified this kind of mistake as a symptom of cost cutting. Maybe a company creates one manual meant to cover a range of products. Maybe it puts together the manual at the last moment. Maybe it farms out the task to marketers, who don’t necessarily think about how manuals need to evolve as the products do.

For some of these cost-cutting tactics, “the motivation for doing it can be cynical,” Ballard said.

Who knows.

Some corners of the technical writing world are gloomy. People worry their jobs aren’t secure, that they’re going to be replaced by someone overseas or artificial intelligence. Indeed, multiple people I spoke with said they’d heard about generative AI experiments in this area.

Even before AI has had its effect, the job market has weighed in. According to the federal government, the number of technical writers fell by a third from 2001, its recent peak, to 2023.

One solution for people like us — frustrated by inscrutable instructions — is to turn to another uncharted world: social media. YouTube, for instance, has helped us figure out a lot of the baby gadgets we have acquired. But those videos also are part of a wild West, where creators offer helpful tips on baby products then refer us to their other productions (read: ads) touting things like weight loss services. Everyone’s got to make a living, of course; but I’d rather they not make a buck off viewers’ postpartum anxiety.

It reminds me of an old insight that became a digital-age cliché: Information wants to be free. Everyone forgets the second half: Information also wants to be expensive. It’s cheap to share information once produced, but producing that information is costly — and a process that can’t easily or cheaply be replaced. Someone must pay. Instruction manuals are just another example.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Headlines are flying after the Department of Agriculture confirmed that the H5N1 bird flu virus has infected dairy cows around the country. Tests have detected the virus among cattle in nine states, mainly in Texas and New Mexico, and most recently in Colorado, said Nirav Shah, principal deputy director at the Centers for Disease Control and Prevention, at a May 1 event held by the Council on Foreign Relations.

A menagerie of other animals have been infected by H5N1, and at least one person in Texas. But what scientists fear most is if the virus were to spread efficiently from person to person. That hasn’t happened and might not. Shah said the CDC considers the H5N1 outbreak “a low risk to the general public at this time.”

Viruses evolve and outbreaks can shift quickly. “As with any major outbreak, this is moving at the speed of a bullet train,” Shah said. “What we’ll be talking about is a snapshot of that fast-moving train.” What he means is that what’s known about the H5N1 bird flu today will undoubtedly change.

With that in mind, KFF Health News explains what you need to know now.

Q: Who gets the bird flu?

Mainly birds. Over the past few years, however, the H5N1 bird flu virus has increasingly jumped from birds into mammals around the world. The growing list of more than 50 species includes seals, goats, skunks, cats, and wild bush dogs at a zoo in the United Kingdom. At least 24,000 sea lions died in outbreaks of H5N1 bird flu in South America last year.

What makes the current outbreak in cattle unusual is that it’s spreading rapidly from cow to cow, whereas the other cases — except for the sea lion infections — appear limited. Researchers know this because genetic sequences of the H5N1 viruses drawn from cattle this year were nearly identical to one another.

The cattle outbreak is also concerning because the country has been caught off guard. Researchers examining the virus’s genomes suggest it originally spilled over from birds into cows late last year in Texas, and has since spread among many more cows than have been tested. “Our analyses show this has been circulating in cows for four months or so, under our noses,” said Michael Worobey, an evolutionary biologist at the University of Arizona in Tucson.

Q: Is this the start of the next pandemic?

Not yet. But it’s a thought worth considering because a bird flu pandemic would be a nightmare. More than half of people infected by older strains of H5N1 bird flu viruses from 2003 to 2016 died. Even if death rates turn out to be less severe for the H5N1 strain currently circulating in cattle, repercussions could involve loads of sick people and hospitals too overwhelmed to handle other medical emergencies.

Although at least one person has been infected with H5N1 this year, the virus can’t lead to a pandemic in its current state. To achieve that horrible status, a pathogen needs to sicken many people on multiple continents. And to do that, the H5N1 virus would need to infect a ton of people. That won’t happen through occasional spillovers of the virus from farm animals into people. Rather, the virus must acquire mutations for it to spread from person to person, like the seasonal flu, as a respiratory infection transmitted largely through the air as people cough, sneeze, and breathe. As we learned in the depths of covid-19, airborne viruses are hard to stop.

That hasn’t happened yet. However, H5N1 viruses now have plenty of chances to evolve as they replicate within thousands of cows. Like all viruses, they mutate as they replicate, and mutations that improve the virus’s survival are passed to the next generation. And because cows are mammals, the viruses could be getting better at thriving within cells that are closer to ours than birds’.

The evolution of a pandemic-ready bird flu virus could be aided by a sort of superpower possessed by many viruses. Namely, they sometimes swap their genes with other strains in a process called reassortment. In a study published in 2009, Worobey and other researchers traced the origin of the H1N1 “swine flu” pandemic to events in which different viruses causing the swine flu, bird flu, and human flu mixed and matched their genes within pigs that they were simultaneously infecting. Pigs need not be involved this time around, Worobey warned.

Q: Will a pandemic start if a person drinks virus-contaminated milk?

Not yet. Cow’s milk, as well as powdered milk and infant formula, sold in stores is considered safe because the law requires all milk sold commercially to be pasteurized. That process of heating milk at high temperatures kills bacteria, viruses, and other teeny organisms. Tests have identified fragments of H5N1 viruses in milk from grocery stores but confirm that the virus bits are dead and, therefore, harmless.

Unpasteurized “raw” milk, however, has been shown to contain living H5N1 viruses, which is why the FDA and other health authorities strongly advise people not to drink it. Doing so could cause a person to become seriously ill or worse. But even then, a pandemic is unlikely to be sparked because the virus — in its current form — does not spread efficiently from person to person, as the seasonal flu does.

Q: What should be done?

A lot! Because of a lack of surveillance, the U.S. Department of Agriculture and other agencies have allowed the H5N1 bird flu to spread under the radar in cattle. To get a handle on the situation, the USDA recently ordered all lactating dairy cattle to be tested before farmers move them to other states, and the outcomes of the tests to be reported.

But just as restricting covid tests to international travelers in early 2020 allowed the coronavirus to spread undetected, testing only cows that move across state lines would miss plenty of cases.

Such limited testing won’t reveal how the virus is spreading among cattle — information desperately needed so farmers can stop it. A leading hypothesis is that viruses are being transferred from one cow to the next through the machines used to milk them.

To boost testing, Fred Gingrich, executive director of a nonprofit organization for farm veterinarians, the American Association of Bovine Practitioners, said the government should offer funds to cattle farmers who report cases so that they have an incentive to test. Barring that, he said, reporting just adds reputational damage atop financial loss.

“These outbreaks have a significant economic impact,” Gingrich said. “Farmers lose about 20% of their milk production in an outbreak because animals quit eating, produce less milk, and some of that milk is abnormal and then can’t be sold.”

The government has made the H5N1 tests free for farmers, Gingrich added, but they haven’t budgeted money for veterinarians who must sample the cows, transport samples, and file paperwork. “Tests are the least expensive part,” he said.

If testing on farms remains elusive, evolutionary virologists can still learn a lot by analyzing genomic sequences from H5N1 viruses sampled from cattle. The differences between sequences tell a story about where and when the current outbreak began, the path it travels, and whether the viruses are acquiring mutations that pose a threat to people. Yet this vital research has been hampered by the USDA’s slow and incomplete posting of genetic data, Worobey said.

The government should also help poultry farmers prevent H5N1 outbreaks since those kill many birds and pose a constant threat of spillover, said Maurice Pitesky, an avian disease specialist at the University of California-Davis.

Waterfowl like ducks and geese are the usual sources of outbreaks on poultry farms, and researchers can detect their proximity using remote sensing and other technologies. By zeroing in on zones of potential spillover, farmers can target their attention. That can mean routine surveillance to detect early signs of infections in poultry, using water cannons to shoo away migrating flocks, relocating farm animals, or temporarily ushering them into barns. “We should be spending on prevention,” Pitesky said.

Q: OK it’s not a pandemic, but what could happen to people who get this year’s H5N1 bird flu?

No one really knows. Only one person in Texas has been diagnosed with the disease this year, in April. This person worked closely with dairy cows, and had a mild case with an eye infection. The CDC found out about them because of its surveillance process. Clinics are supposed to alert state health departments when they diagnose farmworkers with the flu, using tests that detect influenza viruses, broadly. State health departments then confirm the test, and if it’s positive, they send a person’s sample to a CDC laboratory, where it is checked for the H5N1 virus, specifically. “Thus far we have received 23,” Shah said. “All but one of those was negative.”

State health department officials are also monitoring around 150 people, he said, who have spent time around cattle. They’re checking in with these farmworkers via phone calls, text messages, or in-person visits to see if they develop symptoms. And if that happens, they’ll be tested.

Another way to assess farmworkers would be to check their blood for antibodies against the H5N1 bird flu virus; a positive result would indicate they might have been unknowingly infected. But Shah said health officials are not yet doing this work.

“The fact that we’re four months in and haven’t done this isn’t a good sign,” Worobey said. “I’m not super worried about a pandemic at the moment, but we should start acting like we don’t want it to happen.”

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The Host Julie Rovner KFF Health News @jrovner Read Julie's stories. Julie Rovner is chief Washington correspondent and host of KFF Health News’ weekly health policy news podcast, “What the Health?” A noted expert on health policy issues, Julie is the author of the critically praised reference book “Health Care Politics and Policy A to Z,” now in its third edition.

The national abortion landscape was shaken again this week as Florida’s six-week abortion ban took effect. That leaves North Carolina and Virginia as the lone Southern states where abortion remains widely available. Clinics in those states already were overflowing with patients from across the region.

Meanwhile, in a wide-ranging interview with Time magazine, former President Donald Trump took credit for appointing the Supreme Court justices who overturned Roe v. Wade, but he steadfastly refused to say what he might do on the abortion issue if he is returned to office.

This week’s panelists are Julie Rovner of KFF Health News, Sarah Karlin-Smith of the Pink Sheet, Alice Miranda Ollstein of Politico, and Rachana Pradhan of KFF Health News.

Panelists Sarah Karlin-Smith Pink Sheet @SarahKarlin Read Sarah's stories. Alice Miranda Ollstein Politico @AliceOllstein Read Alice's stories. Rachana Pradhan KFF Health News @rachanadpradhan Read Rachana's stories.

Among the takeaways from this week’s episode:

• Florida’s new, six-week abortion ban is a big deal for the entire South, as the state had been an abortion haven for patients as other states cut access to the procedure. Some clinics in North Carolina and southern Virginia are considering expansions to their waiting and recovery rooms to accommodate patients who now must travel there for care. This also means, though, that those traveling patients could make waits even longer for local patients, including many who rely on the clinics for non-abortion services.
• Passage of a bill to repeal Arizona’s near-total abortion ban nonetheless leaves the state’s patients and providers with plenty of uncertainty — including whether the ban will temporarily take effect anyway. Plus, voters in Arizona, as well as those in Florida, will have an opportunity in November to weigh in on whether the procedure should be available in their state.
• The FDA’s decision that laboratory-developed tests must be subject to the same regulatory scrutiny as medical devices comes as the tests have become more prevalent — and as concerns have grown amid high-profile examples of problems occurring because they evaded federal review. (See: Theranos.) There’s a reasonable chance the FDA will be sued over whether it has the authority to make these changes without congressional action.
• Also, the Biden administration has quietly decided to shelve a potential ban on menthol cigarettes. The issue raised tensions over its links between health and criminal justice, and it ultimately appears to have run into electoral-year headwinds that prompted the administration to put it aside rather than risk alienating Black voters.
• In drug news, the Federal Trade Commission is challenging what it sees as “junk” patents that make it tougher for generics to come to market, and another court ruling delivers bad news for the pharmaceutical industry’s fight against Medicare drug negotiations.

Plus, for “extra credit” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: ProPublica’s “A Doctor at Cigna Said Her Bosses Pressured Her To Review Patients’ Cases Too Quickly. Cigna Threatened To Fire Her,” by Patrick Rucker, The Capitol Forum, and David Armstrong, ProPublica.

Alice Miranda Ollstein: The Associated Press’ “Dozens of Deaths Reveal Risks of Injecting Sedatives Into People Restrained by Police,” by Ryan J. Foley, Carla K. Johnson, and Shelby Lum.

Sarah Karlin-Smith: The Atlantic’s “America’s Infectious-Disease Barometer Is Off,” by Katherine J. Wu.

Rachana Pradhan: The Wall Street Journal’s “Millions of American Kids Are Caregivers Now: ‘The Hardest Part Is That I’m Only 17,” by Clare Ansberry.

Also mentioned on this week’s podcast:

• Time’s “How Far Trump Would Go,” by Eric Cortellessa.
• NPR’s “Why Is a 6-Week Abortion Ban Nearly a Total Ban? It’s About How We Date a Pregnancy,” by Selena Simmons-Duffin.
• NPR’s “’Sicko’s’ Peeno Sees Few Gains in Health Insurance,” by Julie Rovner.
• CNN’s “Walmart Will Close All of Its Health Care Clinics,” by Nathaniel Meyersohn.

Credits Francis Ying Audio producer Emmarie Huetteman Editor

To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KFF Health News’ “What the Health?” on Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

State and tribal opioid treatment NOFO

Oregon has started providing air conditioners, air purifiers and power banks to help some of its Medicaid recipients cope with soaring heat, smoky skies and other dangers of climate change.

It’s a first-in-the-nation experiment that expands a Biden administration strategy to take Medicaid beyond traditional medical care and into the realm of social services.

“Climate change is a health-care issue,” Health and Human Services Secretary Xavier Becerra told me, adding that states should be encouraged to experiment with ways to improve people’s health.

But Medicaid’s expansion into social services could lead to abuse, especially when government pays for equipment or services that everyone wants, said Sherry Glied, dean of New York University’s graduate school of public service.

“The challenge here is that air conditioners are something that both healthy people and people who have your really serious condition benefit from,” Glied said. “Most people have air conditioners for reasons that have nothing to do with their health.”

Many states are already spending billions of Medicaid dollars on services like helping homeless people get housing and preparing healthy meals for people with diabetes. But Oregon is the first to spend Medicaid money explicitly on climate-related equipment to help its most vulnerable residents — an estimated 200,000 enrollees.

Recipients must meet federal guidelines that categorize them as “facing certain life transitions,” a stringent set of requirements that disqualify most enrollees. For example, a person with an underlying medical condition that could worsen during a heat wave, and who is also at risk for homelessness or has been released from prison in the past year, could receive an air conditioner. But someone with stable housing might not qualify.

“Each person is going to be looked at as what they need for their particular circumstance,” said Dave Baden, deputy director for programs and policy at the Oregon Health Authority, which administers the state’s Medicaid program, with about 1.4 million total enrollees. The program, part of a five-year $1.1 billion effort that includes housing and nutrition services, also pays for mini fridges to keep medications cold, portable power supplies to run ventilators and other medical devices during outages, space heaters for winter and air filters to improve air quality during wildfire season.

Scientists and public health officials say climate change poses a growing health risk. The federal government’s latest climate assessment projects that more frequent and intense floods, droughts, wildfires, extreme temperatures and storms will cause more deaths, cardiovascular disease from poor air quality and other problems. 

The mounting health effects disproportionately hit low-income Americans and people of color, who are often covered by Medicaid, the state-federal health insurance program for low-income people.

Most of the 102 Oregonians who died during a deadly heat dome that settled over the Pacific Northwest in 2021 “were elderly, isolated and living with low incomes,” a report by the Oregon Health Authority found.

This article is not available for syndication due to republishing restrictions. If you have questions about the availability of this or other content for republication, please contact NewsWeb@kff.org.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

SACRAMENTO, Calif. — Families of people with intellectual and developmental disabilities say Gov. Gavin Newsom is reneging on a scheduled raise for the workers who care for their loved ones, and advocates warn of potential lawsuits if disability services become harder to get.

Citing California’s budget deficit, the Democratic governor wants to save around $613 million in state funds by delaying pay increases for a year for about 150,000 disability care workers. The state will forgo an additional $408 million in Medicaid reimbursements, reducing funding by over $1 billion.

Some lawmakers say this decision will increase staff turnover and vacancies, leaving thousands of children and adults with disabilities without critical services at home and in residential facilities. Disability advocates warn it could violate the Lanterman Act, California’s landmark law that says the state must provide services and resources to people with disabilities and their families.

Newsom is “breaking a promise,” said Felisa Strickland, 60, who has been searching for more than a year for a day program for her 23-year-old daughter, Lily, who has autism and cerebral palsy. “It’s creating a lot of physical and mental health problems for people, and it’s a lot of undue stress on aging parent caregivers like myself.”

Disability care workers, known as direct support professionals, provide daily, hands-on caregiving to help children and adults with intellectual and developmental disabilities, such as autism, cerebral palsy, and epilepsy, remain independent and integrated into their communities.

In California, more than 400,000 people with disabilities need accommodation, and this population, along with seniors, is increasing. It’s not clear how big the worker shortage is because the state hasn’t released workforce data. As the demand for these workers grows generally, experts predict a shortage of between 600,000 and 3.2 million direct care workers by 2030.

Advocates say California pays most providers from $16 to $20 an hour, which meets the state’s minimum wage but falls short of what some economists consider a living wage. In 2021, the state committed to raising wages after identifying a $1.8 billion gap between the rates received by nonprofits that contract with the state to provide care and the rates deemed adequate.

Thus far, the state has provided around half that total, most of which has gone to raising wages and benefits. Workers had been expecting one more increase, of $2-$4 an hour, in July, until Newsom proposed a delay.

Also, nonprofits say California has made it harder to compete for workers after raising wages in other service and health industries. Newsom approved a $20 minimum wage for fast-food workers that went into effect in April and he struck a deal last year with unions and hospitals to begin raising health care workers’ wages to a minimum of $25 an hour.

Ricardo Zegri said Taco Bell would pay him more than the $19 an hour he makes as a disability care worker in a supervisory position.

“Every paycheck, it’s a discussion at home about what bills we need to prioritize and whether it’s time to start looking for work that pays more,” said Zegri, who works a second job as a musician in the San Francisco Bay Area.

Newsom wants to preserve key health initiatives, including the state expansion of Medi-Cal to low-income immigrants regardless of legal status, and CalAIM, an ambitious $12 billion experiment to transform Medi-Cal into both a health insurer and a social services provider. However, the rate delay for providing disability care is the largest savings in the Health and Human Services budget as Newsom and legislative leaders look to cuts, delays, and shifts in funding to close a deficit estimated between $38 billion and $73 billion.

Dozens of legislators from both parties are asking Newsom and legislative leaders to preserve the increase. Assembly member Stephanie Nguyen, a Democrat from Elk Grove, signed a letter supporting the raise. Although lawmakers are negotiating with the administration, she said reversing the decision to delay the pay boost is unlikely. Everybody “has to take a hit somewhere,” Nguyen said.

Krystyne McComb, a spokesperson for the Department of Developmental Services, said even though the state would lose federal matching funds this year, it would resume drawing funds when the state reinstates the plan in 2025.

The department did not respond to questions about how it plans to retain workers and fill vacancies.

Newsom’s proposal risks a collapse of the disability service system, which would violate the Lanterman Act and make the state vulnerable to lawsuits, said Jordan Lindsey, executive director of the Arc of California, a statewide disability rights advocacy organization.

Families say the state has already fallen short on services they need. Strickland quit her job to care for Lily, the Santa Barbara mother said. “It’s not reasonable to expect someone to care for somebody else 24 hours a day, seven days a week,” she said.

Lily graduated from high school and in 2022 completed a program that prepares youth with disabilities to transition into adult life. She had been looking forward to joining a day program to make new friends but has yet to find a spot. And due to a shortage of workers, Lily receives only four hours a week at home with a provider, who is paid around $16 an hour.

When Lily hangs out with the provider, her demeanor changes to the happy person she used to be, Strickland said.

“The system is already in crisis,” she said. “There are tons and tons of people that are sitting at home because there’s nowhere for them to go.”

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

OCR disability discrimination protections

Mental Health Awareness Month Statements 2024